Juristas sostienen que la pandemia no puede coartar el derecho a manifestarse en la calle si se respetan las normas de distancia
Los manifestantes llevan varios días descargando su frustración en la madrileña calle Núñez de Balboa. Un centenar de personas, incluso más, protestan contra el Gobierno y la forma en la que está gestionando la crisis sanitaria. No siempre guardan la distancia de seguridad. Tampoco dialogan, pero sí reclaman. Hay una palabra que se repite por encima de las demás: «Libertad».
Las protestas van dirigidas, claramente, contra Pedro Sánchez y su ejecutivo de coalición. La ubicación geográfica, siendo una de las zonas con más renta per cápita del país, se utiliza para restarle representatividad a los manifestantes. Son tachados de egoístas e insolidarios. Cuando se refiere a sus motivaciones para salir a la calle, en pleno estado de alarma, se atribuyen razones ideológicas. El PP tiene aquí uno de sus grandes feudos electorales y muchos se preguntan si las mismas personas saldrían a manifestarse si en La Moncloa estuviera Pablo Casado.
Esa, sin embargo, no es la cuestión para muchos juristas que ven con creciente preocupación cómo en las últimas semanas se están moviendo los raseros sobre derechos fundamentales como el derecho a la reunión y el derecho a la manifestación. Desde que el país ha cambiado a modo pandemia, las libertades individuales se han visto recortadas en favor de la salud de la población. El abogado e investigador sobre ética aplicada a la ordenación del territorio en la Universidad Politécnica de Cataluña, Albert Cortina, sostiene que también hay que sostener la higiene del Estado de derecho. De lo contrario, asevera en conversación con este periódico, «vamos a tener en nuestro Estado de derecho el mayor riesgo de infección».
De momento, sigue vigente una resolución del Tribunal Constitucional del pasado 1 de mayo, en la que se validó la prohibición de una marcha sindical en Vigo con motivo del Día del Trabajador. Para el Alto Tribunal, aquella prohibición guardaba una estrecha relación con la intención de prohibir la propagación del virus y el posible colapso del sistema sanitario. Cortina expone un matiz que considera de suma importancia para las próximas semanas y acontecimientos: «El tribunal prohibió esa manifestación de forma específica, pero la resolución no incluye una prohibición general de reunirse en la calle».
Para Cortina, aquí está el principal argumento para que se permitan futuras manifestaciones, independientemente, de a quién vayan dirigidas. «Siempre que se cumpla con la distancia de seguridad y se haga en los horarios establecidos en estos momentos en la desescalada», precisa. «Hay estados que están utilizando la coerción con mayor fuerza que otros», añade y señala a España.
De esta manera, también podría celebrarse la manifestación que ha convocado Vox para el próximo 23 de mayo en las capitales de provincia, entre ellas, Málaga. El partido de Abascal quiere que una caravana de coches recorra las calles de la capital y que las personas expresen su descontento a través de pancartas y el uso del claxon. Esta manifestación tendrá que ser autorizada, en última instancia, por la subdelegación del Gobierno. La decisión se tomará esta semana, según el presidente provincial de Vox, José Enrique Lara.
El abogado malagueño Javier Toro también estima que hay que defender el derecho a la manifestación. «Sería paradójico que se puede salir a hacer ejercicio, pero no se puede ejercer tu derecho a reunión, tomando las precauciones sanitarias pertinentes», expresa.
«Un derecho tan fundamental, como el derecho de reunión, no puede ni debe ser suspendido de manera general durante más de dos meses», asevera y señala que «el carácter fundamental de este derecho determina la necesidad de una protección, especialmente, enérgica».
Sánchez llegó este martes a un acuerdo con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para que vote a favor en el Congreso de una nueva prórroga del estado de alarma. Será por otros 15 días y no hasta el 27 de junio como era la intención inicial del presidente del Gobierno. La excepecionalidad de las circunstancias, considera Toro, exige que «no se confronte entre el derecho de reunión y la protección de la salud».
Aunque sin señalar a ningún país concreto, el ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, advirtió la semana pasada del auge de una creciente corriente autoritaria. «Aquí mismo, en el corazón de Europa, estamos viendo cómo las medidas de emergencia están siendo utilizadas para recortar el Estado de derecho», aseveró.
En las ciudades de Alemania, se están repitiendo en los últimos días las manifestaciones en contra de las restricciones impuestas por el coronavirus. Para este fin de semana hay previstas nuevas movilizaciones, a pesar de que el país germano ya haya levantado la mayoría de medidas impuestas a finales de marzo. El propio Tribunal Constitucional alemán ya ha dictaminado en una sentencia que no se pueden prohibir las manifestaciones alegando a la pandemia, siempre que se cumplan las reglas de distancia física vigentes.
El catedrático de Derecho Constitucional en la UMA, Ángel Rodríguez, reconoce que se trata de un «asunto de extrema complejidad» y repite varias veces una misma idea: la Constitución se hizo contemplando muchos supuestos, incluso calamidades, pero no a una pandemia. «Legalmente, la única limitación que habría al derecho de manifestación es una alteración del orden público. Hay que ver hasta qué punto se produce».
En el caso de las manifestaciones contra el Gobierno, como las que se suceden estos días en Madrid y también están previstas en Málaga, Rodríguez tiende a que sí existen fundamentos para su prohibición. «Desde el momento en el que hay una situación que, además, está sancionada por el estado de alarma, y unas normas que exigen un distanciamiento social, creo que se podrían prohibir», concluye.
Rodríguez opina que habría analizar caso por caso, no obstante. Para evitar una prohibición, el catedrático cree que los manifestantes deben tirar de «cierta originalidad» y garantizar que el distanciamiento social entre personas no se pondrá en riesgo. La alternativa de protesta en una caravana de coches la considera viable. Otra posibilidad sería la de colocar unas marcas en el suelo, que indiquen la posición de los participantes en la manifestación.